En América Latina la creación y consolidación de
agencias regulatorias autónomas administrativamente
se inició en la década de los noventa,
concentrando las funciones del registro y vigilancia
de medicamentos, dispositivos médicos y otros
productos de riesgo.
En todo caso, con o sin agencias regulatorias
independientes, los Ministerios de Salud de
nuestros países adelantaron actividades de
farmacovigilancia de forma habitual. Sin embargo,
coincidente con la tendencia al fortalecimiento de la
regulación del mercado farmacéutico a través de
agencias fuertes y sólidas, la farmacovigilancia
tomó aliento y a la fecha podría considerarse una
disciplina y una herramienta imprescindible tanto de
las agencias regulatorias, como de la atención
sanitaria en la región.
La visibilidad de los centros de farmacovigilancia en
los territorios nacionales y en el ámbito internacional
puede también obedecer a la preocupación
colectiva de la magnitud de los problemas
asociados a los medicamentos, en relación con el
intenso crecimiento del sector farmacéutico.
Para muchos son conocidos los escándalos
asociados al retiro de medicamentos en el inicio del
presente siglo, los cuales generaron profundos
cuestionamientos desde la academia, los
legisladores y los consumidores a la capacidad e
independencia de las agencias de referencia.
Escándalos que propiciaron las transformaciones
más importantes en la estructura de las agencias
europea y norteamericana, intentando poner
distancia operativa entre la evaluación de registro
de medicamentos y el seguimiento a eventos
adversos, así como en los límites a la participación
de la industria en los procesos de evaluación de la
seguridad de los medicamentos comercializados.
Tal vez estas circunstancias configuren la más
grande de las oportunidades para que los países de
América Latina jueguen un papel más activo en la
evaluación de la seguridad y la forma como son
usados los medicamentos, contribuyendo a resolver
uno de los problemas globales de salud pública más
importantes de estos tiempos.
