domingo, 29 de abril de 2012

Delitos que cruzan fronteras: Centroamerica

El robo y hurto de vehículos, la trata de personas y los delitos relacionados al narcotráfico son los principales problemas que enfrentan, en común, los países de Centroamérica.

Delitos transnacionales

Se hace necesario recordar la diferencia existente  entre Delito Interestatal, delito Internacional y Delitos Contra el derecho internacional.

  Por delito Interestatal  o Transnacional debe entenderse aquellos delitos  comunes que por sus características intrínsecas  afectan dos o más Estados por lo que entra en juego la cooperación Judicial Internacional; ejemplo de estos delitos es el narcotráfico, el tráficos de mujeres y niños
.
   El delito Internacional es aquel que surge cuando se quebrantan bienes jurídicos que son inherentes al género humano y en los cuales están interesados todos los estados del mundo porque afectan a la humanidad misma, conmueve sus cimientos.

  El delito contra el derecho internacional es aquel que surge por la violación de aquellos derechos establecidos por los propios Estados en sus relaciones entre si. Esta categoría de delitos se encuentran tipificados en nuestro código penal en los artículos  152 al 159 vigentes y abarca desde la piratería, las invasiones  hechas por particulares a otros Estados y los cometidos por ciudadanos contra el presidente de naciones extranjeras dentro del territorio venezolano.

es necesario aclarar que organismo es el encargado de establecer las responsabilidades y aplicar las penas que correspondan y así tenemos que:

  Si el sujeto activo que comete el delito contra los derechos humanos es un Estado, para los países o estados Partes que integran la Organización de Estado Americanos (OEA.) Tal organismo  es la CORTE INTERAMENRICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS y así tenemos por ejemplo que Venezuela como estado parte integrante de la OEA. Fue sancionada por por el caso conocido como “El Amparo” a reparar el daño inflingido y a pagar unas sumas de dinero por vías de indemnización económicas.

  De manera que la Corte Interamericana de los derechos Humanos es competente para sancionar con reparación e indemnización económica, únicamente a los estados partes cuando estos resultan responsable de La violación de los derechos humanos.

  Ahora bien, si es uno o varios particulares organizados o no,  que cometen un delito contra los derechos humanos, la competencia para juzgar a esa o esas personas corresponde a la CORTE PENAL INTERNACIONAL que se rige por el Estatuto de Roma.

   También es bueno recordar que antes de la instauración de la Corte Penal Internacional fueron creados Tribunales Penales Interrnacionales ad- hoc, tribunales especiales para juzgar delitos cometidos contra el genero humano creados por el Consejo de Seguridad de la ONU .Estos Tribunales como los de Neuremberg, el de Tokio, después de la segunda Guerra Mundial , así cono los Tribunales de Ruanda y de la Ex Yugoslavia violaban y violan el principio de legalidad pues son creados  para juzgar delitos de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, precisamente, después de cometido el delito; observándose que los procesados por delitos en estos tribunales han alegado la violación del principio de legalidad  se pudiera decir como afirmaron los jueces de Neuremberg “Los individuos, no los Estado son los que cometen delitos “  y para abandonar el principio de legalidad tambien se dijo que la impunidad de la conducta es más insopotrtable que la vulneración del principio peor que la violación del principio de legalidad es la impunidad de estos delitos atroces” Caso Milosevic

   Precisamente, para evitar la violación de este principio se consideró entre  otros, la creación de la Corte Penal Internacional para el juzgamiento  de personas que fueran señaladas como incursas en estos delitos. 

sábado, 28 de abril de 2012

La législation française anti-blanchiment http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb160/tracfin.htm

Elle repose sur les textes suivants.
La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, impose de nouvelles obligations aux établissements de crédit et professions financières, dont celle d'informer TRACFIN chaque fois qu'une transaction leur paraît suspecte : le principe de la "déclaration de soupçon", qui rompt le secret bancaire, est institué.
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, élargit le champ d'application de la loi précitée au produit de l'activité d'organisations criminelles.
La loi n° 96-392 du 13 mai 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants, et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, crée un délit général de blanchiment du produit de tous crimes et délits (article 324-1 du code pénal). Ce texte renforce également le contrôle exercé sur les changeurs manuels et soumet les courtiers d'assurance et de réassurance aux mêmes obligations anti-blanchiment que les entreprises d'assurances dans le cadre de la loi du 12 juillet 1990. Il conforte, par ailleurs, le rôle de TRACFIN au centre d'un système international puissant de lutte contre le blanchiment, en lui permettant d'exercer son droit de communication au profit d'organismes étrangers exerçant des compétences analogues et soumis à des obligations identiques de secret professionnel.
Enfin, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, assujettit les professionnels de l'immobilier (notaires et agents immobiliers essentiellement) à l'obligation de vigilance et de déclaration de soupçon à TRACFIN.

Global Context of International Crime http://www.fas.org/irp/threat/pub45270chap1.html

Implications of a Changing World

Law enforcement officials around the world have reported a significant increase in the range and scope of international criminal activity since the early 1990s. The level and severity of this activity and the accompanying growth in the power and influence of international criminal organizations have raised concerns among governments all over the world--particularly in Western democracies--about the threat criminals pose to governability and stability in many countries and to the global economy. International criminal networks have been quick to take advantage of the opportunities resulting from the revolutionary changes in world politics, business, technology, and communications that have strengthened democracy and free markets, brought the world's nations closer together, and given the United States unprecedented security and prosperity:
  • Post-Cold War landscape. The end of the Cold War resulted in the breakdown of political and economic barriers not only in Europe but also around the world. This change opened the way for substantially increased trade, movement of people, and capital flows between democracies and free market countries and the formerly closed societies and markets that had been controlled by Soviet power. The end of the Cold War also brought with it an end to superpower rivalry in other regions of the world, encouraging movement toward peace and more open borders. These developments have allowed international criminals to expand their networks and increase their cooperation in illicit activities and financial transactions.
  • Economic and trade liberalization. Increasing economic interdependence has both promoted and benefited from reforms in many countries opening or liberalizing state-controlled economies with the intention of boosting trade and becoming more competitive in the global marketplace. Criminals have taken advantage of transitioning and more open economies to establish front companies and quasi-legitimate businesses that facilitate smuggling, money laundering, financial frauds, intellectual property piracy, and other illicit ventures. Multilateral economic agreements reducing trade barriers in North America, Europe, Asia, and other regions of the world have substantially increased the volume of international trade. In the United States, the volume of trade has doubled since 1994, according to the US Customs Service, and will double again by 2005. Criminal groups have taken advantage of the high volume of legitimate trade to smuggle drugs, arms, and other contraband across national boundaries.

Crímenes transnacionales en un mundo globalizado

Crímenes transnacionales en un mundo globalizado.
 http://www.estudiodurrieu.com.ar/articulo_2007_05_31.html

Los delitos transnacionales, tales como el de financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, piratería, evasión fiscal, delitos de lesa humanidad, genocidio, corrupción y fraude corporativo, entre otros, contienen un carácter económico, social y de perspectiva supranacional. Por este motivo, la comunidad internacional resolvió diseñar un régimen global con miras a detener su acentuado avance.
El interés universal en combatir los crímenes en cuestión mediante el diseño de políticas de prevención y represión globales se ha visto manifestado en la suscripción de tratados internacionales impulsados principalmente por organismos multilaterales tales como el Banco Mundial (BM), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La necesidad de recurrir a la cooperación internacional en materia penal radica básicamente en que nos encontramos inmersos en una era globalizada donde la comisión de los crímenes trasciende ampliamente los márgenes territoriales de los Estados, fenómeno que comienza a observarse como una de las amenazas más trascendentes para el régimen democrático y republicano de gobierno.
En este sentido, Pedro R. David nos dice que “el delito, especialmente el delito transnacional, ejecutado por organizaciones delictivas de alcance global, de enorme poderío económico y técnico, generador de corrupción y destrucción de formas legítimas de convivencia, constituye sin duda la amenaza más grave a la paz mundial en el presente, sin excluir, desde luego, los flagelos de la marginalidad en la que casi tres cuartas partes de la humanidad está inserta” [3].
El hecho de que las organizaciones criminales dedicadas a estos crímenes ya no cuenten con nacionalidad o límites territoriales, ha llevado a muchas naciones a incorporar principios acordes con la aplicación extraterritorial de la ley penal, con miras a reconocer, en última instancia, una justicia supranacional o universal que pueda tener competencia para tratar asuntos que por su gravedad y magnitud amenazan la estabilidad social y económica de las naciones.
Pareciera que ya no basta con el reconocimiento de la jurisdicción territorial [4], real o de defensa [5], o por la nacionalidad del autor o la víctima [6], si lo que se quiere es combatir en forma efectiva el crimen organizado y transnacional en el mundo entero. Con este último objetivo, los Estados se van aproximando cada día más a un Derecho penal supranacional [7]. El fenómeno del mundo globalizado en el que nos encontramos así lo exige.
Pedro David nos vuelve a decir que la globalización “... más que un modelo de características universales, es un nuevo paradigma de características internacionales y en beneficio principalmente de los sectores dominantes” [8].
Esta competencia universal o cosmopolita tiene su lógica si reconocemos la progresiva y avanzada transnacionalidad de las actividades empresarias y tecnológicas en las que el mundo se ve envuelto.
El circuito económico, operado generalmente a través de entidades bancarias con conexiones en el exterior, podrá significar que el giro de capitales vaya perdiéndose poco a poco, hasta arribar finalmente a un paraíso fiscal donde el secreto bancario y las sociedades “off shore” sean costumbre; y a través de estos medios originar un reciclaje del dinero originariamente “sucio” en el sistema financiero lícito de un país y/o del otro; produciéndose finalmente un fuerte impacto negativo en el Producto Bruto Interno (PBI) de los respectivos países que fueron víctimas de las maniobras delictivas [9].
Por otro lado, el impacto que el uso de internet, la tecnología y los medios de comunicación tienen en el tema , no puede ser dejado de lado en el análisis de las instituciones jurídicas que combaten y nos previenen de los flagelos que nos acechan.
Los acontecimientos de la era contemporánea enumerados anteriormente, han forzado a varios Estados a acercarse cada día más a lo que se ha denominado como el “principio universal, mundial o cosmopolita de la aplicación espacial del Derecho penal” [10]. Concretamente, como lo venimos anunciando, no caben dudas de que los Estados, sin perder su soberanía y los principios jurídicos esenciales propios de su idiosincrasia y cultura, tienden a construir un Derecho penal internacional, mediante la armonización de sus sistemas internos a la luz de principios universales.
El establecimiento de las Cortes Penales Internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, en conjunto con la suscripción del tratado de Roma en 1998 que da origen a la Corte Penal Internacional, son suficiente prueba de la realidad que describimos [11].
Además de los tribunales penales internacionales con competencia universal, existen Estados que invocan la existencia de una jurisdicción universal que los habilita para juzgar crímenes cometidos en otro Estado. Dos de los países más representativos de esta posición son, por un lado, el Reino de España mediante la incorporación de los artículos 3.4° de la LO 6/1985 y 301.4° de su Código Penal Español y, por el otro, los Estados Unidos de Norteamérica, a través del fallo “Pasquantino et al. vs. United States” . A continuación nos referiremos a ambos antecedentes.

viernes, 6 de abril de 2012

Protection de la santé publique, maîtrise des dépenses de santé, droit général de la concurrence et régulation sectorielle

Marie-Anne Frison-Roche,
http://www.thejournalofregulation.com/Protection-de-la-sante-publique.html

La Commission européenne a publié un rapport le 8 juillet 2009 sur le secteur pharmaceutique en estimant que celui-ci n’est pas suffisamment ouvert à la concurrence notamment concernant les médicaments génériques.
Elle en mesure les effets néfastes au regard du poids des systèmes de protection sociale, qui pèsent sur les États membres. Elle en regrette les retards sur l’innovation, qu’elle relie à une utilisation des brevets, maniée d’une façon « stratégique » par les laboratoires de médicaments princeps, ainsi qu’à une régulation trop lâche menée par les offices des brevets auxquelless’ajoute un usage systématique des droit d’agir en justice. L’article conteste non pas tant la logique interne du raisonnement mais la primauté ainsi donnée au droit de la concurrence. En effet, l’organisation du secteur du médicament est avant tout régulée par le biais de l’administration, par des mécanismes
En outre, on ne peut dissocier l’organisation de ce secteur de la notion de « droit à la santé », droit fondamental que la concurrence ne peut prétendre avoir l’ambition de concrétiser, alors que le droit de la régulation peut le poser comme objectif et le politique y mettre le prix. Par son rapport, l’autorité de concurrence s’est comportée en autorité de régulation, ce qui est politiquement et institutionnellement illégitime.

WHO : MEDICAL DEVICE REGULATIONS Global overview and guiding principles

 http://www.who.int/medical_devices/publications/en/MD_Regulations.pdf
http://enzo-umpierrez.blogspot.com.ar/


The regulation of medical devices is a vast and rapidly evolving field that is often
complicated by legal technicalities. For example, legal terms and their meanings are
sometimes non-uniform even within one regulatory system. In an attempt to make this
complex subject easier to grasp, this Guide presents a common framework that integrates
the regulatory systems of the five countries or regions with the most advanced medical
device regulations. Non-technical language, graphics, tables and memory anchors are
used to present an overview of medical device safety issues and regulatory philosophy.

domingo, 1 de abril de 2012

The European regulation that deals with the sanitary security of materials

http://www.contactalimentaire.com/index.php?id=163&L=1

The European regulation that deals with the sanitary security of materials and items that come into contact with foods comes under the DG-Sanco (General Directorate of consumers' health and protection) within the European Commission. The competences of this general directorate include the food safety.

The capacity to contact with food and materials is controlled by the Regulation CE n°1935/2004. Materials and items included are:
  • packaging and conditioning,
  • containers and cookwares,
  • materials, machines and materials used for production, storage or transport of foods,
  • nipples and lollipops.
 Foodstuffs included are foods and drinks which are:
  • either finished or intermediate products,
  • intended for human nutrition.
 Excluded products a.o. :
  • coating materials,
  • static drinking water distribution systems.
Specific regulations or directives describe the inertness criteria for some materials (Plastics, ceramics, regenerated cellulose film and partly regenerated for rubbers) and also the modalities to check the conformity.

Specific regulations or specific directives contain the inertness criteria which depend on the nature of materials. For some materials (plastics for instance), there is a list of authorised materials in Europe (positive lists) that are completed by lists of materials authorised on the national level (colorants for plastics in France, for instance). Those materials are the only one authorised in the manufacturing of materials. The authorisation of a material is delivered by the DG-Sanco with downstream aspects of the standing Committee of the food chain and animal health, once the favorable opinions of the scientific authorities such as the European Food Safety Authority (EFSA) and previously the Scientific Committee on Food end. Those opinions are distributed over the Internet. When there is no existing specific requirement for a material, the inertness principle quoted in the regulation still applies. Industrialists have to demonstrate that the principles have been met.

The regulation CE n°1935/2004, specific regulations and specific directives represent the European regulation of materials in contact. Some specific directives were transposed into national legislation in form of orders by material. Regulations were not transposed and apply as is In France.
When there is no specific regulation or directive for a material, the existing national provisions apply, which is the case in France for rubber, silicone, stainless steel, aluminium, for instance. Moreover, France extended the scope of this regulation to materials in contact with feedingstuffs.

To help indsutrials to demonstrate their product conformity, the DGCCRF (French Administration) published the general fact sheet relevant to the regulation of materials in contact with foods (see the Brochure n°1227 published to the OJ) that contains the responsibilities of different actors in the chain and explains the application of the inertness principle in fact sheets by material.

  Several resolutions of the Council of Europe concerning materials in contact with foodstuffs exist ( see the list of resolutions of the Council of Europe). If there is no statutory instrument, those resolutions may be used again as recommendations (see the resolution Framework Resolution ResAP (2004) 1 in the case of quahogs in France).

The provisions in respect of material hygiene and  packaging are included in the regulation of foodstuffs. The regulation 852/2004 of the Hygiene package determines the requirements in respect of foodstuff hygiene (as an alternative to the Directive 93/43/CE that has been repealed since January 1st 2006). This regulation contains specific provisions applicable to conditioning and packaging of foodstuffs.